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Congelan cuentas a políticos de Sinaloa investigados en EEUU por narcotráfico

Hacienda informó que la medida es administrativa y preventiva; incluye a Personas Políticamente Expuestas ligadas al caso Rocha

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó este lunes la inmovilización preventiva de cuentas bancarias de Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa, luego de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Mediante el comunicado número 39, fechado el 18 de mayo de 2026, la UIF informó que realizó “adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo”, derivadas de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.

De acuerdo con Hacienda, las alertas surgieron luego de que bancos mexicanos detectaran riesgos relacionados con clientes considerados Personas Políticamente Expuestas, tras los señalamientos difundidos públicamente por autoridades estadounidenses.

“La UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, señala el documento oficial.

Aunque el comunicado no menciona nombres, diversos reportes periodísticos señalan que entre las personas afectadas estarían el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cazárez; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; así como exfuncionarios señalados en las investigaciones estadounidenses.

Entre ellos figuran los exfuncionarios que se entregaron a la sautiridades de Estados Unidos durante el fin de semana, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; además de exmandos policiacos y funcionarios de investigación relacionados con el caso.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este lunes que el congelamiento de cuentas se realizó de manera preventiva como parte de los protocolos financieros derivados de las relaciones entre la banca mexicana y el sistema financiero estadounidense.

Hacienda aclaró que estas medidas “no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna”, sino acciones administrativas preventivas.

Asimismo, la UIF señaló que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas mantienen intactos sus derechos de defensa, incluyendo recursos administrativos y procedimientos jurisdiccionales.

El anuncio ocurre en medio de la crisis política y judicial que enfrenta Sinaloa tras las acusaciones presentadas en Nueva York contra funcionarios y exfuncionarios presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa, caso que ya derivó en la entrega a autoridades estadounidenses de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega.