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Firma ACNUR Y UANL convenio de colaboración de atención a migrantes

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en México y la Universidad
Autónoma de Nuevo León firmaron un convenio de colaboración cuya finalidad
principal es dar atención, orientación, seguimiento y representación legal a casos
de solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado y personas
refugiadas.

En el convenio se establece que la Facultad de Derecho y Criminología de esta
Universidad establecerá una sala que se dedicará a la prestación de servicios
jurídicos gratuitos de asesoría, asistencia y representación legal de personas
extranjeras con necesidades de protección internacional, a través del servicio
voluntario de estudiantes.

Durante la firma del convenio, el representante de ACNUR México, Mark Manly, destacó la importancia de la provisión de información y asesoría jurídica a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Asimismo, enfatizó el interés y el compromiso de parte de universidades y de sus estudiantes, quienes contribuirán a fortalecer la asistencia y orientación legal.

En 2019, informó, se atendieron a más de 65 mil personas a través de una red de
socios legales compuesta de 64 abogados y 36 paralegales y de bufetes de
abogados que trabajan pro bono y clínicas jurídicas. La incorporación de la UANL
a esta red redundará en mayor acceso a servicios y derechos para estas personas
en Nuevo León.

En tanto, el director de la Facultad Derecho y Criminología, Oscar P. Lugo Serrato, quien firmó en representación de la UANL, dijo que derivado de este convenio “los universitarios ofrecerán asesoría legal gratuita a los refugiados o aquellas personas Solicitantes de dicha condición; siempre apegados a los tratados y convenios internacionales que ha firmado nuestro país sobre la materia, además que servirá para sensibilizar a los alumnos en temas de Derechos Humanos.

Agregó que el beneficio no sólo se verá reflejado “en la preparación académica de
los estudiantes y catedráticos, sino también en la percepción de la sociedad de
Nuevo León hacia las personas migrantes que transitan o viven en el estado y que
fueron perseguidos en sus países de origen”.